Por la tierra y el agua
19:36 | Author: AcaPacha





El Banco Mundial hizo foco sobre América Latina. En la búsqueda desesperada de áreas potencialmente cultivables para una producción masiva que pueda contrarrestar el alza en los precios de los alimentos, detectó que el 28% de tierra arable del planeta se despliega en el patio de atrás del mundo. En esa parcela inmensa donde fatigan 550 millones de personas que producen alimentos para el mundo pero en la que 53 millones se atormentan de hambre cada día.

De los 445,6 millones de hectáreas de tierra que, en el globo, podrían ser utilizadas para la expansión del cultivo, 123,3 millones está en América Latina. Sólo Africa la supera, con un 45 por ciento del total mundial. Paradójicamente, los dos continentes más sumergidos, más pauperizados, más sometidos, más olvidados. 


Por la cintura del planeta baja el sur. Con su dermis prolífica, con su vientre dispuesto a alimentar al mundo. El 52% de la soja del planeta se produce aquí. Y el 44% de la carne, el 70% de plátanos, el 45% de café y el 45% de azúcar. Exportadora de trigo, maíz y carne, se proyectaba que la crisis internacional haría trepar el número de hambrientos en esta América a 71 millones. Es la foto del niño famélico que agoniza sobre una montaña de soja lista para embarcar. 

En el subcontinente 80 millones de niños viven en la pobreza. El 17,9 por ciento (unos 32 millones) pasan hambre a pesar de que esta tierra feraz produce tres veces más de lo que se necesita para alimentar a sus habitantes suburbiales del mundo. Cepal y Unicef se rasgan las vestiduras difundiendo estos datos mientras el Banco Mundial fija su ojo largo e infalible en la extensión de América Latina, en el agua de América Latina, en la virginidad y en la juventud de la tierra de América Latina. Para sembrar más, producir más, generar más terreno potencialmente cultivable y desmontar para lograrlo, sembrar más, producir más comida para alimentar al sector del mundo que devora más allá de la saciedad, por placer y hedonismo. Y conservar las hambres mismas para los que pisan y fatigan y cosechan. Porque los alimentos que nacen de su tierra no son para ellos. América Latina –ahora con el foco del Banco Mundial- es una loca paradoja dibujada por los designios de los poderes del mundo. El aumento en el precio de los alimentos debería beneficiar a aquellos que los producen y los venden. Sin embargo, la comida se vuelve inalcanzable por su costo. Y la producción que cosechó con sus manos, que le dobló la espalda, que le taló el sueño durante seis meses y después otros seis de condena a la nada, todo ese maíz, todo ese trigo, toda esa soja incontable, la que se llevó el monte que desapareció un día y enloqueció al río, toda esa riqueza se escurre sin verla. Se va sin dejar huella. Y no queda nada para llevar a la mesa. Ni resto para comprar en supermercado. Ni en el almacén. Ni en el puesto de la calle. 

Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron un nuevo récord en febrero por octavo mes consecutivo, calculó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La responsable del Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox, dice que la región misma es una parte de la solución. "América Latina no ha alcanzado sus límites (de producción), pueden hacer aún mucho para aumentar su producción, tiene mucha agua... Hay un gran potencial para seguir alimentando al mundo", dijo. Está claro que el Banco Mundial y sus brazos sensibles han puesto los ojos encendidos en la América des-cubierta y subsumida durante más de cinco siglos. La América marginal, pariente pobre del mundo, a la que se le sigue cambiando oro por trocitos de cristal donde se mira la cara todavía tersa y juvenil. 

En esa América ve el mundo lo que le salvará la vida en un futuro mediato: los alimentos y el agua. La vida que brota de la tierra. Lo que se cosecha y lo que mana. 

El 93 por ciento de la población sur-americana vive en países exportadores de alimentos. Pero entre 50 y 70 millones sufre hambre. Enferma de hambre. Muere de hambre. Como los niños de Salta, Misiones, Formosa y el conurbano rosarino y bonaerense en la privilegiada Argentina. 

Es que la América lo tiene todo, pero termina vendiendo la materia primaria. La América no elabora porque es pobre, porque no tiene infraestructura, tiene transportes antiguos y destruidos, tiene industrias moribundas. Por eso suele comprar afuera el pan cocinado con su harina. Los zapatos confeccionados con su cuero. Mil veces más caros. Como para definir, con moño y celofán, la cajita donde engorda la injusticia. 

Un total de 189 millones de latinoamericanos vive en la pobreza, un 34% de la población total. A pesar de que exhala alimentos hacia el mundo, hace llover el café y la leche, pone la carne sobre la mesa y los cereales y el pan. Pero sus hombres y sus mujeres, sus historias individuales, sus tragedias de a una, no los pueden comprar. No pueden acceder. Trabajan para otros. Producen para otros. 

Es la paradoja argentina -la que aún se resiste a ser visceralmente latinoamericana-: con apenas un 0,65 % de la población mundial, produce el 1.61% de la carne y el 1.51% de los cereales que se consumen en el mundo. 
Pero nueve millones de sus niños soportan hambre, sufren hambre, corren riesgos de morir de hambre. Mueren de hambre. Rodeados del agua y los alimentos para el mundo. 

El crimen más imprescriptible

Silvana Melo

Hoy es el Día Nacional del Agua en Argentina. Se establecio en 1970 para estimular en todos la conciencia en el uso de los recursos hídricos de la Nación. Por eso nos sumamos a esta campaña , que trata de generar una conciencia  y fomentando el uso racional del agua y su cuidado.
Acorde a datos de las Naciones Unidas, en el mundo 884 millones de personas viven sin acceso al agua potable y 2.600 millones no cuentan con los servicios mínimos de saneamiento. Acciones tan incorporadas en nuestra rutina diaria, como lo son el bañarnos, lavar los alimentos, cocinar, cepillarnos los dientes, lavar el auto o regar las plantas y jardín e, incluso, en algunos lugares beber directamente del grifo, para millones de habitantes de nuestro planeta son actividades que no pueden realizar.
Un nuevo informe lanzado conjuntamente por la OMS y UNICEF indica que en relación al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio nro. 7 (reducir a la mitad de la población mundial sin acceso al agua potable ni a servicios de saneamiento), el acceso al agua potable estará cumplido para el 2015, pero en lo que respecta al saneamiento no se alcanzará lo planeado. El informe también indica que sólo la mitad de la población de los países en desarrollo cuenta con servicios apropiados de saneamiento.
Por eso, queremos mostrar las cosas que durante un día hacemos, donde necesitamos para ello del agua. Donde el agua aparece como elemento vital, de vida, de producción y de desarrollo. Ya que todos aquellos que tenemos la suerte de consumir agua todos los días, no la cuidamos en debida forma y la desperdiciamos.

Generemos conciencia de su importancia y ayudémonos, entre todos, a no derrocharla.

En una audiencia pública en el Congreso, diversos sectores pidieron la prohibición del endosulfán, el insecticida más usado en Argentina y prohibido ya en 74 países. El próximo mes se decide su suerte a nivel internacional.
El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.
El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.
Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.
Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.
La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.
La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.
El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.
Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.
Fuente: Pagina12
¿Qué es la Huella Ecológica?
11:10 | Author: AcaPacha


Cada día se populariza más el concepto de “Huella Ecológica“, por lo que parece necesario definirlo y explicarlo: Todos los seres humanos, plantas y animales del planeta requieren de alimento, energía y agua para crecer y vivir. En el caso del hombre, la cantidad de recursos que utiliza depende de su estilo de vida.
Al consumir recursos de forma irracional, se reduce la superficie de bosques, praderas, desiertos, manglares, arrecifes, selvas, y la calidad de los mares del mundo. Al impacto de una persona, ciudad o país, sobre la Tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber sus residuos, se conoce como huella ecológica.
La primera publicación académica sobre la huella ecológica fue hecha por William Rees en 1992. El concepto de huella ecológica y el método de cálculo fueron desarrollados como la tesis doctoral de Mathis Wackernagel, bajo la supervisión de Rees de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá de 1990-1994. Originalmente, Wackernagel y Rees llamaron al concepto “apropiada capacidad de carga.” Para hacer la idea más accesible, a Rees se le ocurrió el término “huella ecológica.” A principios de 1996, Wackernagel y Rees publicaron el libro “Nuestro Huella ecológica: La reducción de impacto humano sobre la Tierra.”
Básicamente el análisis de Huella ecológica compara la demanda humana sobre la naturaleza contra la capacidad de la biosfera para regenerar los recursos.
El análisis se hace mediante la evaluación de la tierra biológicamente productiva y el área marina requerida para producir los recursos que consume una población, absorbiendo sus residuos correspondientes y utilizando la tecnología imperante. Los valores para obtener la huella ecológica se clasifican en carbono, alimentación, vivienda y bienes y servicios, así como el número total de planetas necesarios para sostener a la población mundial dado un nivel de consumo. Este enfoque también puede aplicarse a una actividad como la fabricación de un producto como un coche.
En varios sites socialmente responsables, se presenta este análisis en una simplificación de cálculos para individuos, a fin de obtener una huella ecológica personalizada. Los resultados pueden ser apabullantes

El pez grande se come al chico
14:19 | Author: AcaPacha
Miles de pescadores artesanales centroamericanos batallan por subsistir ante los acuerdos comerciales internacionales y las empresas trasnacionales, el surgimiento de megaproyectos turísticos y la contaminación que afecta a las especies marinas.



"La tendencia es que poco a poco nosotros vayamos desapareciendo", dijo a IPS el guatemalteco Oscar Marroquín, presidente de la no gubernamental Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica. 

Esta organización, que data de 1997, aglutina a más de 95.000 pescadores artesanales de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en busca del desarrollo productivo del sector. 

La tarea ha ido cuesta arriba. Entre los principales obstáculos que debe sortear la pesca artesanal están los acuerdos comerciales internacionales "que privilegian a las grandes empresas", según Marroquín. Y es que la región tiene varios convenios en vigencia. América Central y República Dominicana tiene uno de libre comercio con Estados Unidos desde 2006, mediante el cual obtuvieron arancel cero para la exportación de especies como el atún y la sardina. 

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá también tienen un tratado de libre comercio con Taiwán con beneficios arancelarios para productos del mar. Y con similares características se encuentra en la recta final la negociación de un convenio de asociación entre el istmo centroamericano y la Unión Europea. 

La producción pesquera, destinada principalmente a la exportación, es abarcada por las grandes industrias. 

En Panamá, el mayor productor regional, la pesca industrial generó 77,3 por ciento del valor total de la producción pesquera de su país en 2007, mientras que la artesanal aportó solo 16,1 por ciento, seguida por la acuicultura con 6,6 por ciento, según la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. 

América Central produce 550.000 toneladas anuales de productos del mar, con un valor estimado de 1.900 millones de dólares. De ese total, 60 por ciento es exportado, principalmente a Europa y Estados Unidos, según la Unidad Regional de Pesca y Acuicultura adscrita al Sistema de Integración Centroamericana (Sica). 

Pese a las oportunidades que representan las exportaciones, para los pequeños productores esto es algo difícil de lograr. 

"Para nosotros es imposible competir contra las grandes empresas como las españolas Calvo en El Salvador, Rianxeira en Guatemala y Pescanova en Nicaragua. Nuestras pequeñas embarcaciones, por ejemplo, van a pescar dos o tres días al mar y hay embarcaciones grandes que pescan hasta un mes", se quejó el dirigente. 

"Lo que necesitamos es apoyo para el fortalecimiento organizacional, nuevas tecnologías para hacer más eficiente la producción y mejorar el mercadeo", sostuvo Marroquín. 

La federación estima que 25 por ciento de sus agremiados son pescadores de subsistencia, mientras que el 75 por ciento restante comercializa el producto a nivel local. 

La pesca artesanal también se ve asediada por la construcción de grandes complejos turísticos y la agroindustria, los cuales llevan su contaminación al mar, según Marroquín. 

Esta situación se repite en cada uno de los países de la región. 

Saúl Baños, de la no gubernamental salvadoreña Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, señaló a IPS que un estudio publicado por esa institución en enero evidenció las dificultades para la pesca artesanal y daños ambientales producidos por restaurantes y hoteles en la Costa del Sol, 78 kilómetros en el sudeste salvadoreño. 

El documento detalla la contaminación con químicos y aceites producida por embarcaciones de los centros turísticos en el Cantón San Antonio Los Blancos, así como de sus aguas servidas que van a dar al mar, lo cual envenena las especies acuáticas. 

También expone las maniobras de la industria pesquera para evadir el pago al fisco y la pesca indiscriminada. "Los barcos industriales desembocan en la costa, descargan la pesca por medio de lanchas independientes y evaden el pago de tributos", se lee en el estudio. 

En la costa salvadoreña laboran alrededor de 30.000 pescadores artesanales, cuyo trabajo genera más de 100.000 empleos, según el gubernamental Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura. 

La más reciente lucha de este sector productivo es una reforma a la ley de pesca en el parlamento salvadoreño para crear una zona de cinco millas marítimas a la largo de la franja costera de uso exclusivo de este sector sin resultados favorables hasta ahora. 

En Panamá, mientras tanto, pescadores artesanales rechazaron la entrada en vigencia en diciembre de 2010 del decreto 486 que prohíbe la pesca con palangre, lo cual ha provocado protestas. 

Amílcar Rodríguez, de la Asociación de Pescadores de Remedios en Chiriquí, en el oeste panameño, dijo a IPS que la medida que los tomó "por sorpresa" afectó a cientos de pescadores, quienes ahora están en pláticas con el gobierno para solucionar el conflicto. 

En Pedregal, Chiriquí, como en otras comunidades donde la mayoría de la población depende de la actividad pesquera, los afectados han salido a las calles a protestar contra la medida que ha dejado a muchos sin empleo. 

La lista de desafíos para la pesca regional es larga. Mario González, de la Unidad Regional de Pesca y Acuicultura, indicó a IPS que la captura ilegal, como en todo el mundo, "afecta a la región entre 25 y 30 por ciento de la producción", estimó. 

El 10 y 11 de este mes, González y demás delegados regionales del sector pesquero y de la Unión Europea se reunieron en Guatemala para aclarar dudas sobre un nuevo reglamento del bloque europeo para prevenir, desalentar y eliminar la pesca no declarada ni reglamentada, en vigor desde 2010. 

La norma exige una serie de requisitos a los países del istmo para poder exportar a esa región, cuyas industrias se alistan para cumplir. 

Mientras, los pescadores artesanales naufragan entre los acuerdos internacionales, las grandes inversiones turísticas y la contaminación.

Documental Cielo Abierto
14:47 | Author: AcaPacha
Este documental  narra la lucha de los pobladores de Famatina y Chilecito, en la provincia de La Rioja, para   impedir la instalación de una mina a cielo abierto.




"Nosotros no nos resignamos a los que nos quieren imponer, nosotros hemos decidido luchar"



15 años de soja: La prueba del delito
20:33 | Author: AcaPacha
El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.
Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta.
La foja número 1 es un carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno.
En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato.
La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”.

“Tendencioso, arbitrario y poco científico”


En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.
Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales.
Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato.
“El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009.
Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez.
El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”.
“Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién los evaluó”, puntualiza.
Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”.

“Es el informe oficial de Monsanto”


En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”.
Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”.

“Hay razones para pedir una reevaluación”


Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e investigador.
A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”.
Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”.
Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita.
En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios.

Expediente fantasma


Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina.
En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky.
La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126).
No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato.

“No se puede perder más tiempo”


El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta.
Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”.
En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”.
El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto.
El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”.

Equivalencia sustancial


Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados.
El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres.
Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia.
Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica.

“Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado”


Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”.
Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos.
Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en las empresas privadas”.
El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”.
Dario Aranda

lavaca.org

Alrededor de 4 mil ciudades de 130 países se sumaron a La Hora del Planeta, con el objetivo de que se gaste menos energía.

Diecisiete ciudades argentinas “apagaron” sus emblemas durante la Hora del Planeta
En la edición 2011, siete ciudades -Buenos Aires, Rosario, Gualeguaychú, Córdoba, Dean Funes, Río Cuarto y Chamical- realizaron actos en el marco de la iniciativa mundial que coordinó en el país la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Tanto la provincia como el municipio de Córdoba adhirieron por primera vez a la campaña ambientalista, con actividades en la Plaza de la Intendencia y la explanada del Palacio 6 de Julio, sede de la Municipalidad de Córdoba, y una ecoferia con productos reciclados, música en vivo, murgas y malabaristas.

La Ciudad de Buenos Aires se unió a La Hora del Planeta "apagando" el Obelisco, la Torre de los Ingleses, el Puente de la Mujer, el Monumento de los Españoles, la Pirámide de Mayo, el Monumento a San Martín, el Monumento a los Dos Congresos y el Cementerio de la Recoleta.

Otras diez ciudades apagaron monumentos y edificios emblemáticos, entre ellas las capitales de Santa Cruz, Catamarca y Mendoza, y las ciudades tucumanas de Simoca, rionegrina de Bariloche, sanluiseña de San Francisco del Monte de Oro, chubutense de Puerto Madryn y bonaerenses de La Plata, Miramar y Pinamar.

En el Obelisco porteño se realizó un acto presidido por el ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Fundación Vida Silvestre Argentina, con la presentación de la cantante Elena Roger, un espectáculo de Taiko (percusión japonesa) en solidaridad con las víctimas del terremoto y tsunami en Japón, y del grupo de malabaristas Trivenchi.

El apagón se desarrolló con efecto cascada en todos los países según su propio huso horario, entre las 20.30 y las 21.30, e implicó en la edición 2011 a más de mil millones de habitantes, según los organizadores.

Los ambientalistas prevén que, de continuar el presente status quo, el calentamiento global podría generar la extinción del 35% de las especies silvestres terrestres para el año 2050, además de traer aparejadas inundaciones y sequías.
Agencia Telam

El ornitólogo del Conicet y la UNC ha detectado una disminución de las especies e individuos en los bosques tropicales y subtropicales de Sudamérica y se lo adjudica al calentamiento global.

A Manuel Nores (64 años) le parece que no debe contarse la forma en que despertó su pasión por las aves. Tiene más de 30 años como ornitólogo.
Ha recorrido la provincia, el país y América de Sur avistando y oyendo sus cantos, cada vez más escasos, asegura. Es investigador del Conicet y del Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Sobre el despertar de su vocación, sólo digamos que empezó con varias travesuras de niño. Luego de tantos años de trabajo, asegura que el 90 por ciento de la investigación ornitológica se realiza con binoculares, una libreta y un lápiz. Luego hay que relacionar esa información obtenida en el campo con la bibliografía sobre esas especies y otros estudios geográficos, geológicos y ambientales.
¿Qué ha descubierto Nores en sus años entre los pájaros? Mucho. Ha descripto subespecies en las sierras de Córdoba, ha determinado el mecanismo por el cual el Amazonas adquirió su exuberante diversidad, ha contado aves migratorias en Mar Chiquita que ya no se ven en esta laguna y ahora sospecha de que el cambio climático está dejando sin aves las selvas tropicales y subtropicales de América del Sur.
“Las selvas ya se parecen a desiertos ornitológicos. Cada vez hay menos aves. La pérdida de especies siempre se atribuye a acciones locales del hombre: pérdida de hábitat, la caza o captura, la contaminación con pesticidas, pero lo que he observado últimamente es que la disminución se está dando en lugares modificados, semimodificados y hasta en parques naturales, bien protegidos y conservados. Entonces, lo que pienso es que se debe a un cambio más global como el cambio climático, aunque todavía no he hecho estudios específicos.
–¿Cómo se podría confirmar esa hipótesis?
–Tengo un proyecto que quiero realizar con ayuda de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC para confirmarlo en forma indirecta. Hace unos 25 años realicé censos en los parques Iguazú, Calilegua (Jujuy), Finca del Rey (Salta). Esos ambientes no han sido modificados para nada. La idea es ir de nuevo para ver que pasó en 25 años. En teoría, deberían estar iguales.
–¿Dónde observó estos “desiertos ornitológicos” por primera vez?
–En Iguazú, en 1998. Había estado 25 años antes en el mismo lugar. Aquella vez había visto 120 especies de aves, el 50 por ciento eran frecuentes o comunes y todo el día había actividad. La última vez, registré 48 especies de las que sólo vi uno o dos individuos de cada una y en el 80 por ciento del día no había actividad.
–¿En qué otro lugar observó esto?
–En ornitología se conoce como “big day” al día cuando un investigador observa más especies. El récord lo tienen dos investigadores de EE. UU., que vieron 330 especies en el Parque Nacional Manu, en el Amazonas peruano. En los tres censos que yo hice en el Amazonas –Amboró y Villa Tunari (Bolivia), y Cotococha (Ecuador)– hace poco tiempo he registrado entre 10 y 15 especies y con no más de 20 individuos.
Gajes del oficio. Por sus investigaciones, casi lo linchan en Ecuador hace tres años. Estaba observando aves en una zona cerca de un pueblo. El taxista que lo llevaba y traía ya le había advertido que despertaba sospechas.
Hasta que se enfrentó con un grupo de gente armada que lo acusaba de tráfico de órganos. Logró hablar con la maestra del pueblo y convencerla de que estudiaba la naturaleza “como en Discovery”. Al otro día, viajó sin pausa hasta Quito.
–¿Cuando no investiga, qué hace?
–Siempre he tenido hobbies . Ahora he incursionado en la carpintería. Hace cinco años, empecé a hacer juguetes de madera. Empezaron a ocupar espacio, entonces decidí hacerlos en forma plana, calados y pintados. Hago las imágenes de las adaptaciones que hizo Disney de los cuentos clásicos infantiles. Hace poco, Jorge Warde (reconocido dibujante de aves) me sugirió hacer un libro de pájaros. Yo no quería porque es algo que ya hice. Entonces, después le pedí que él ilustrara unos cuentos que escribí yo. Ya están casi listos para publicarse.
–¿Qué ave le gusta más?
–La más imponente de ver es el cóndor. Se habla de que está en peligro, pero no es así. Como vive en un hábitat bastante alejado del hombre, se conserva bien. Las grandes concentraciones son bellísimas, por ejemplo, los gansos cuando vuelan en bandadas, o los guácharos o pájaros del aceite. Viven en unas cavernas oscuras. En el atardecer, se activan y comienza un griterío bárbaro. Ya a la noche comienzan a salir. Los he visto en Venezuela y Perú. Son fabulosos.
–¿Y la más bella?
–No es una pregunta para un ornitólogo. Hay tantas… 10 mil en el mundo, tres mil en América del Sur y mil en Argentina. Y he visto tantas… Hay una familia de pájaros fruteros, en América, que todos tienen lindos colores y son vistosos. El Quetzal, en América Central, es muy bello. Pero a veces son más interesantes pájaros no tan vistosos. En la Pampa de Achala, hemos descripto subespecies muy interesantes, que sólo viven allí.
Entre estas especies identificadas por Nores figuran el canastero pálido, el gaucho serrano cordobés y la remolinera chica.
Sobre la diversidad ornitológica de Mar Chiquita, Nores aclara que la situación actual no es tan buena como hace 35 años. “Desde 1974 al 1977 fue su esplendor. Luego dejo de ser un punto de interés para las aves migratorias. La razón es el nivel alto que tiene la laguna, el cual no permite que se formen estuarios en la desembocadura de los ríos, y también la baja concentración de sal que tiene.
Pero Nores prefiere no adelantar más datos sobre el tema hasta tanto no se publique una investigación. Otro secreto más de este hombre de las aves.
.Nota de La voz del interior